El Dip. Dr. Rodolfo Ondarza Rovira buscar el apoyo de sus compañeros legisladores para presentar un Punto de Acuerdo, donde se exhorte al Gobierno federal a cumplir con las siguientes demandas:
•El retorno a las pensiones solidarias.
•Recuperación del espíritu original del Infonavit con tasas de interés fijas de carácter social y derogar el artículo 44.
•Condonar los adeudos de todos aquellos que hayan pagado hasta el doble del monto original de sus créditos de vivienda.
Diputado Rodolfo Ondarza Rovira
VI Asamblea Legislativa
21 de abril de 2014
Si lo decimos con todas sus letras, la iniciativa de portabilidad
universal de salud de Enrique Peña Nieto, además de ser un fraude, es una
iniciativa criminal.
Según cifras de 2010, el INEGI sólo reconoce 42.6 millones de
asegurados en el IMSS y el ISSSTE. Esto quiere decir que con menor presupuesto
e infraestructura el Seguro Popular debe dar cobertura a 76 millones de mexicanos.
A principios de este sexenio, se nos dijo que el seguro popular, sólo
era un seguro, ahora se nos presenta como el pilar básico a partir del cual se
garantizará la portabilidad universal y se desmantelarán las instituciones
actuales.
El Sistema de Información
Nacional en Salud (SINAIS) estimó en 493.8
mmp el gasto en salud para 2012. Si se invirtiera lo mismo que para la
población con seguridad social, se
requerirían un total de 707 mmp.
El gobierno de México invierte poco en salud, el 2.8% del producto
interno bruto (PIB) según datos para 2014. El Banco Mundial reporta para 2012 que México
invirtió en salud 6.2%, ello quiere decir, que la diferencia es medicina
privada. La ONU recomienda el 8%. México pertenece a la OCDE (Organización de
Comunidades en Desarrollo) donde el promedio del gasto en salud es 9.5%.
En conclusión todos tendremos atención, pero a la baja, con menor
cobertura y menor calidad, si hoy son interminables las filas en muchas
clínicas y pasan meses para tener una cita especializada, las cosas se pueden
poner mucho peor.
Tanto los usuarios como los trabajadores del sector debemos demandar
un sistema de salud integral, pero basado en mejores presupuestos, mejores
administraciones, fortalecimiento de las instituciones actuales y a partir de
ello, extender la cobertura, con amplias campañas preventivas de salud,
producción pública de medicamentos y combatir la chatarrización de la
alimentación.
La nueva iniciativa fija una pensión
universal en $1, 092 (47% de un salario mínimo) es decir, la precariedad por
delante, homogeneizar a la baja, esto sintetiza las posibilidades estatales.
Lo más grave de esta
iniciativa de pensión universal, es que agrega un seguro de desempleo a pagarse
con el fondo de vivienda de los trabajadores y de paso, reducir la aportación
patronal al Seguro Social.
Para el Ejecutivo no son desempleados los
millones de desocupados que se suman cada sexenio. Oficialmente se reconocen
2.4 millones de desempleados, cuando los datos reales superan los 10 millones y
sigue en aumento.
El director general del Infonavit está
dispuesto a entregar para el seguro de desempleo 190 mmp que forman parte del
patrimonio de 22 millones de trabajadores que hoy no cotizan. Pero, no está
dispuesto a condonar la deuda de quienes ya pagaron el doble del monto original
de su crédito o para aquellos que tienen más de veinte años cotizando. No les
regresa su dinero, cobrado de manera inmoral, pero sí lo ofrece generoso para
montar una farsa.
Inflexible,
el gobierno peñista nos da a entender que a falta de mayores ganancias del
capital, continuará el saqueo
inmune de los ahorros de los trabajadores
La Suprema Corte de
Justicia (del gran capital) determina a partir del 26 de marzo del año en curso
que se podrá retener una parte del salario de cualquier trabajador que esté
endeudado con alguna empresa o persona física. La cual se suma a aquella histórica
determinación de octubre de 1998, que declaró válido el anatocismo –el cobro de
interés sobre interés-, que aun castiga a millones de ciudadanos.
A falta de mejores
salarios y empleos, los trabajadores han adquirido enormes deudas, incentivadas
con promociones como “el buen fin”, que ahora se les vuelven en contra y
amenazan con despojarlos de sus bienes y de sus ingresos, en detrimento de la
calidad de vida de sus familias.
Tenemos entonces que la pensión llamada universal no es
tal, es un ingreso magro, que apenas aliviaría en parte el brutal deterioro de
la capacidad adquisitiva del salario: ¾ partes en 32 años. Obviamente no cubre
los gastos de manutención como dice la iniciativa, es menos de la mitad de un
salario mínimo, cuando la canasta básica equivale por lo menos a 8 veces más.
La señal que envía la pensión “universal” es peor: nos
advierte que en el futuro no está garantizada una pensión, el 56% de las
cuentas tienen años sin cotizar y para aquellos que cotizan el pago de la misma
no alcanza ni para 10 años. De entrada, 1 de cada dos no la tendrá y su único
ingreso posible, será el mínimo ingreso que ofrece esta pensión.
Es por ello que he decidido impulsar un punto de acuerdo
para exhortar al gobierno federal por parte de la VI Asamblea Legislativa de la
cual formo parte, la cual espero sea apoyada por otros diputados en el
siguiente sentido:
Ø El retorno a las pensiones solidarias.
Ø Recuperar el espíritu original del Infonavit con tasas de interés fijas de
carácter social y derogar el artículo 44.
Ø Condonar los adeudos de todos aquellos que hayan pagado hasta el doble del
monto original de sus créditos de vivienda.
LOS
TRABAJADORES DE INFONAVIT ANTE LA LEY DE LA PENSIÓN UNIVERSAL
LIC. MA. TERESA
BALDERAS GARCÍA
PRESIDENTA DE LA
COORDINACIÓN
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES PARA LA VIVIENDA, A.C.
21 de abril de 2014
Los trabajadores con
múltiples esfuerzos y penalidades hemos hecho un ahorro modesto para poder
asegurar una vivienda para nuestras familias. Un esfuerzo considerable que ha
sido despreciado por los distintos gobiernos y legislaturas.
Así, desde 1992, se nos
condenó a pagar una doble tasa de interés, al aplicarse además de la tasa
normal, la indexación a los salarios mínimos.
La vivienda social se convirtió en un
lucrativo negocio. A
partir de la reforma a la ley de INFONAVIT del 24 de febrero de 1992, los
gobiernos neoliberales avanzaron en su política de privatizar y mercantilizar
este derecho de los trabajadores.
El artículo 44 de
la ley de INFONAVIT modificado a partir del 24 de febrero de 1992, amplió el
plazo de pago de 20 a 30 años y permitió la indexación a salarios mínimos, de
manera que cada vez que éstos aumentan, su porcentaje se aplica a la deuda del
trabajador y sobre este saldo se aplica la tasa de interés. La deuda se vuelve impagable.
Son innumerables los casos en que hemos
pagado dos y hasta tres veces el crédito original y aun debemos cientos de
miles de pesos al Infonavit.
En el 2012, esta institución reportó que por indexación
recibió 23 mil millones de pesos y de intereses 54 mil millones pesos y a
cambio, invierte sólo 120 mil pesos de gastos de operación para la construcción
de una vivienda.
El INFONAVIT dejó de ser una
institución social de vivienda para convertirse en un lucrativo negocio de
constructoras, inmobiliarias y funcionarios.
El 24 de noviembre de 2011, se modifica de nuevo la ley de Infonavit,
pero el cambio fue ambiguo, pues aun cuando autoriza créditos en pesos, mantiene
la indexación en salarios mínimos y otros factores, además, los nuevos créditos
se promueven a tasas del 12.7%, más
alta incluso que la aplicada en créditos bancarios.
El Infonavit se ha capitalizado con nuestro sufrimiento.
La cartera a fines de 2013 suma 917.8 mmp (miles de millones de pesos), pero en
cartera vencida son 59, 154 mmp y en prórroga 43, 739 mmp, el 11.2%
El gobierno saquea nuestros ahorros, como ocurre con las
afore. Así según los especialistas, sus utilidades en 17 años suman 87 mmp,
nada más en 2013, sumaron 16 mmp, mientras los trabajadores perdimos casi 200
mmp por la especulación bursátil.
Los rendimientos que otorgan las administradoras de los
fondos de retiro van del 3.2 al 6.3 %. En contraste, el promedio de comisiones
que cobran a los trabajadores es del 17.7%.
Si continúa ese ritmo, dijo, cuando se cumplan 25
años del esquema de pensiones y los primeros trabajadores tramiten su retiro,
el saldo promedio será de 61 mil 573 pesos, lo que alcanzará solo para pagar 2
años y medio de pensión, y el resto deberá ser financiado con recursos
públicos.
Lo que nos preocupa, es que
éste sea el máximo esfuerzo del gobierno y en adelante ya no se paguen
pensiones mayores a los trabajadores.
Esto se complica más porque
tenemos bajos ingresos y empleos informales. Con la reforma laboral aprobada en
noviembre de 2012, nuestras posibilidades se reducen aún más, pues se consolida
la inestabilidad laboral, se nos niegan derechos y prestaciones. Ya son décadas
en que no tenemos un aumento salarial que valga la pena.
Bajo estas condiciones de
empleos informales con bajos salarios, es normal que tengamos problemas para
pagar nuestras viviendas, y lo más que hemos obtenido de las autoridades del
Infonavit han sido distintos mecanismos para continuar pagando.
El Infonavit, la institución
de gobierno, es la más despiadada y obliga a los trabajadores a pagar hasta el
último centavo de una deuda mezquina, sobrevaluada, apoyada en el cobro de una
doble tasa de interés. Esto contrasta con la actuación de distintos bancos que
mediante una quita, han negociado la cartera vencida con los titulares de una
vivienda.
Los trabajadores no queremos
una pensión insuficiente que nos niegue el derecho a un ingreso digno después
de años de esfuerzo, tampoco queremos que el seguro de desempleo se finque en
nuestro fondo de vivienda porque por lo menos se triplicarán las cotizaciones
necesarias para tener derecho a ella y cada vez tendremos menos posibilidades
de retirarnos dignamente y de acceder a un techo propio.
Invitamos a los asistentes,
a sumarnos a la movilización que realizaremos este 1° de mayo a partir de las
10 hrs. en Violeta 30, Col. Guerrero, sede de la organización, de donde
partiremos a Av. Juárez y calle López, en donde realizaremos un mitin con
trabajadores y jubilados en rechazo a esta iniciativa legislativa.
