Ciudad de México, 14 de abril de 2015
EL DIPUTADO DR. RODOLFO ONDARZA ROVIRA ADVIERTE DE LA CRISIS SOCIAL QUE SE AVECINA ANTE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
*Acompañado del investigador Dr. Alfredo Jalife Rahme, señalaron que la iniciativa impulsada por la derecha sólo beneficiara a las grandes empresas y no garantiza el derecho humano al vital líquido.
Para el gobierno mexicano el derecho al agua debiera ser un tema de seguridad nacional, como lo es en otros países del mundo, por lo que llama la atención que en nuestro país se busque privatizar este bien común, cediéndola principalmente a capitales extranjeros, señalaron el Diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira y el analista internacional, Alfredo Jalife Rahme.
En conferencia de prensa, también señalaron que esta ley es ampliamente discriminatoria, pues va en contra de los sectores más vulnerables de la población, además de que tiene una tendencia totalmente neoliberal y que en el corto plazo será una bomba de tiempo para distintos sectores sociales, principalmente para aquellos se concentran los mayores asentamientos humanos.
El Diputado Rodolfo Ondarza recalcó que esta “Ley de Aguas” que pretendían votar al vapor el PRI, PAN, PVEM y PANAL, no garantiza el derecho humano al vital líquido, y por el contrario lo restringe, por lo que es necesario hacer un llamado al fortalecimiento de un frente amplio de defensa de este bien público.
El también presidente de la Comisión de Salud de la ALDF, subrayó la gravedad de la propuesta que señala en el Artículo 49: “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley:…II. El mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a cincuenta litros diarios por persona”.
Mencionó que esta medida está inspirada en estudios de la Organización Mundial de la Salud quien la propone para poblaciones que acceden a un solo grifo de agua situado a una distancia alejada de sus hogares. Sin embargo, el Diputado Ondarza señaló que para quienes acceden a varias tomas de llaves en su domicilio, la OMS propone por lo menos 100 litros/habitante/día.
Asimismo, subrayó que, como bien han citado diferentes organizaciones civiles y sociales, así como distintos especialistas, la nueva medida metería en un brete a los habitantes del Distrito Federal, pues aun cuando amplios sectores populares en el oriente de la ciudad no cuentan con el servicio, se tiene proyectada una dotación mínima de 150 litros/habitante/día, (54, 750 litros/año), situación que se reproduciría similarmente en todos los municipios del país y se pagaría mucho más por el servicio.
Como otro dato importante se menciona que, si partimos de las estadísticas oficiales, el agua renovable per cápita en el país es de 3.98 millones de litros/hab/ año, ello supone unos 468 billones de litros/año. Si toda esta agua ya no estará disponible para los ciudadanos a menos que paguen más, ¿para qué quieren esos 466 billones de litros restantes?
Al respecto, el Diputado Ondarza señaló que la respuesta está en los grandes negocios de las empresas trasnacionales que buscan comercializar el agua, toda vez que nuestro país es el mayor consumidor mundial de agua embotellada, con 243 litros por persona, siendo cuatro empresas las que encabezan las ventas: Coca Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé”.
A eso se suman el consumo diario de alrededor de 21 millones de botellas de PET, las cuales se tiran a la basura, ya que sólo se recicla 20 por ciento, el resto queda en las quebradas, ríos y terrenos baldíos.
Lo anterior, significa que los mexicanos acaparamos más del 10% de las ventas mundiales de agua embotellada, lo que en primer instancia nos habla del fracaso de la política de abastecimiento de agua potable en el país, ya que la gente prefiere comprar un envase antes que beber el agua que llega a sus domicilios.
Ante este escenario, el Diputado Ondarza enfatizó que se están haciendo grandes negocios a través de un bien que es público, de todos los mexicanos, y ni siquiera nos quieren asegurar el derecho humano al mismo y a una dotación suficiente.
Por ello, afirmó que el proceso de privatización de las aguas nacionales en realidad tiene ya muchos años, sin que se tengan resultados positivos a la fecha.
Dicho proceso se profundizará con la actual iniciativa, pues no hay nada que garantice que el Estado mexicano pueda alcanzar los niveles de servicio que tienen los primeros 100 países en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado ya que la iniciativa no responde a esta problemática y está lejos de responder a la encomienda constitucional plasmada en el artículo 4° párrafo sexto la cual establece “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y por el contrario, profundiza los esquemas de intervención de las empresas privadas tal y como se formula en el artículo 129 propuesto.
Es así que la iniciativa de Ley de Aguas prioriza una vez más los intereses y ganancias de unos cuantos magnates de las empresas, marginándose el interés nacional y restringiéndose el derecho humano al agua y los problemas de abasto continuarán.
Por ello, en tanto la iniciativa no responda a los principios básicos de que el agua es un derecho humano y un bien social indispensable para la vida, además de un bien económico de propiedad pública, es necesario emplazar a la construcción de un frente nacional en defensa, a fin de estar alertas ante un intento de fast track para aprobar esta nefasta iniciativa, conminando a todos los mexicanos a movilizarnos para recuperar este bien social que es de todos.
Por su parte, Alfredo Jalife advirtió que se está entrando al tema del agua muy tarde, pues desde la época del presidente Zedillo ya se hablaba mucho del tema, sin embargo no se actuó en el momento.
Asimismo señaló que en el Estado de México ya se aprobó una ley local en la materia, basada en la propuesta federal, sin que se haya hecho ruido al respecto, por lo que afirmó que se vaticina un aumento estratosférica del agua, que no podrán pagar la mayoría de los mexicanos, porque no se tiene los ingresos suficientes.
Por ello, dijo que esta iniciativa lo que hará es poner en estado de sed a los mexicanos, por lo que será una ley fachista, que impida la investigación científica, de apartheid, y ampliamente discriminatoria.
