Foro "Buenos Aires - Ciudad de México, Intercambio de Experiencias", organizado en Argentina por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC-UNAM), y el Comité de Asuntos Internacionales de la ALDF. Mesa de Trabajo III
DIPUTADORODOLFO ONDARZA ROVIRA
VI ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Septiembre de 2014
En nuestro país sin duda, es muy complicado hablar de una buena gobernanza, Si partimos de los indicadores contemplados a nivel mundial como son los derechos humanos, políticos y civiles, la rendición de cuentas, la estabilidad política, la violencia, la efectividad gubernamental, la calidad de los servicios, estado de derecho y el control de la corrupción, las cuentas por entregar en muchos de los aspectos son negativas.
Más complicado aún, si partimos de que una buena gobernanza debe promover la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero.
CALIDAD REGULATORIA.- Un factor a considerar sin duda, es que dichos indicadores son propuestos y revisados por organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, lo cual sin duda, influye en la calificación de los países. Explica también el que se incluyan conceptos como éste vinculado directamente a las inversiones privadas, y que ello sea expresión de buen gobierno.
En México por ejemplo, con cifras de 2008 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del excedente bruto de operación, el sector privado acaparaba el 80% de la economía y aportaba sólo un 17.85% a los salarios con un excedente del 62%. En tanto que el sector público comprendía sólo el 20% de la economía pero aportaba el 10% de los salarios con un excedente de 9.5%.
El resultado de esta concentración es que contamos con 16 magnates que juntos suman una fortuna personal de 1.9 billones de dólares, mientras según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con datos de 2012, del total de la población 117 millones, tan sólo hay23.2 millones de personas que no son pobres ni vulnerables. Es decir, cubren todos sus derechos sociales, mientras que el resto de los mexicanos enfrenta alguna carencia social o tiene problemas de ingreso. La estadística agrega 53.3 millones en la pobreza y 11.5 millones en la pobreza extrema.
La desigualdad en la distribución de la riqueza es brutal. Siendo el trabajo fuente de toda riqueza sus productos deberían distribuirse entre toda la sociedad. Conforme a cifras de 2012, El Producto Interno Bruto de ese año fue de 15.6 billones de pesos, si calculamos el pib per cápita, a cada mexicano le tocaría diariamente 363.6pesos diarios. En lugar de eso, conforme a la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares 2012, 11.7 millones de mexicanos tienen ingresos (en efectivo y en especie) de 20.6 pesos diarios (1.5dls) y otros 11.7 millones de 34.8 pesos diarios (2.6 dls.). Los únicos que perciben una cantidad igual o superior al pib per cápita es el decir más alto de la población: 11.7 millones de mexicanos que perciben 392.2 pesos diarios.
La oligarquía empresarial a través de la televisión nos ofrece un promisorio futuro como empresarios, acá nos dicen “Pepe y Toño”, pero lo que no nos dicen es que el 50% de las microempresas quiebran en el primer año de actividad y el 90% mueren al cumplir cinco años, comparativamente con las grandes empresas, la diferencia de ingresos entre grandes y pequeñas empresas es abismal. El Censo Económico 2009, nos detalla dicha disparidad de ingresos. Mientras la utilidad mensual promedio de 3.5 millones de empresas ronda los 40 mil pesos, mil grandes empresas acaparan el 65.3% del total con utilidades mensuales de 275 millones de pesos. Contradictoriamente, los grandes establecimientos aportan sólo el10% del empleo, las pequeñas y medianas empresas el 25% y los microempresarios el 40%, es decir, quienes perciben menos ingresos y facilidades administrativas, aportan la mayor parte del empleo.
Por eso es que insistimos en que los indicadores de gobernanza, deben enfatizar más la importancia de las políticas públicas porque son éstas las que aseguran colectivamente la calidad de vida para las poblaciones.
Los indicadores de 2011 de gobernanza para América Latina que a continuación exponemos, nos describe la situación para 19 países:
No
GOBERNANZA
Voz y Rendición de Cuentas
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia
Efectividad Gubernamental
Calidad Regulatoria
Estado de Derecho
Control de la Corrupción
TOTAL
1
Chile
81
65
84
93
88
92
503
2
Uruguay
84
78
70
64
71
86
453
3
Costa Rica
77
67
64
67
65
72
412
4
Brasil
63
46
55
56
55
63
338
5
Panamá
63
43
59
65
53
46
329
6
El Salvador
52
50
51
68
28
52
301
7
México
53
25
63
61
40
45
287
8
Perú
51
26
49
69
32
54
281
9
Colombia
44
12
63
61
48
46
274
10
Argentina
58
54
49
25
33
42
261
11
República Dominicana
51
49
35
46
26
22
229
12
Cuba
7
57
46
4
35
69
218
13
Bolivia
47
30
41
24
17
40
199
14
Honduras
32
34
34
49
19
22
190
15
Guatemala
36
23
28
48
15
36
186
16
Paraguay
46
24
21
40
22
26
179
17
Nicaragua
30
35
18
39
30
25
177
18
Ecuador
38
23
35
16
14
21
147
19
Venezuela
24
10
13
6
1
8
62
Fuente: Banco Mundial 2011
La tabla exhibe el trato desigual a los países, contrastando abiertamente con el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el presente año. Cuba por ejemplo, se ubica en el segundo lugar con un desarrollo humano muy alto, pero en gobernanza se va hasta el lugar 12. Es el mismo caso de Argentina ubicada en tercer lugar de desarrollo humano y posicionado hasta el lugar 10 en gobernanza. Se advierte desde luego la peculiar visión sobre Venezuela ubicándola en el lugar 19 de gobernanza, cuando es sexta en desarrollo humano.
Informe 2014. Programa Naciones Unidas
Puesto
AL
País
Índice Desarrollo Humano
Puesto Mundial
Desarrollo humano muy alto
1
0,822
41
2
0,815
44
3
0,808
49
Desarrollo humano alto
4
0,790
50
5
0,765
65
6
0,764
67
7
0,763
68
8
0,756
71
9
0,744
79
10
0,737
82
Si bien es cierto que para medir la gobernanza se hace acopio de más indicadores, también lo es que si el desarrollo humano está en un nivel muy alto o alto en cualesquier país, es difícil suponer que los demás renglones estén tan mal o en todo caso, dar por entendido que estas bajas calificaciones se deben a valoraciones ideológicas subjetivas.
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.- Francamente, no nos explicamos como México puede alcanzar una cifra moderada en la materia, si sencillamente no existe ningún tipo de control efectivo y campean la corrupción e impunidad. De acuerdo a los indicadores mundiales, de 177 países, México ocupa el lugar 106.
Detalla José Luis Estrada Rodríguez Doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dela Universidad Autónoma del Estado de México, en su obra La corrupción administrativa en México: …“De igual forma, la más reciente Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, efectuada en 2010, reveló que la corrupción es un tema donde la idiosincrasia refuerza las acciones contra la legalidad, de tal forma que es un tema cultural: la incidencia en prácticas desviadas de la legalidad es una condición cotidiana. Esta misma encuesta documentó la existencia de 200 millones de actos de corrupción, vinculados con trámites y "mordidas". Como consecuencia de ello, los hogares mexicanos destinaron en promedio 14 por ciento de su ingreso a este rubro.”
ESTADO DE DERECHO.- En México están constituidos los tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo, la separación entre los mismos es muy cuestionada. La elección de los magistrados y órganos electorales dependen dela presidencia de la república y de los órganos legislativos, por tanto, es relativa su independencia en sus sentencias y dictámenes que por lo general responden a los intereses de los grandes grupos empresariales y de las fracciones parlamentarias.
El Poder Ejecutivo y el Senado se renuevan cada seis años y la Cámara de Diputados cada tres. Durante décadas el funcionamiento legislativo dependió de las iniciativas del Ejecutivo.
A partir de 1982, el gobierno abandona el llamado desarrollo estabilizador y con él sus responsabilidades sociales, adoptando el modelo neoliberal, que de entrada privatizó la mayoría de las empresas públicas y redujo dramáticamente el poder adquisitivo del salario.
En 1988 hacen crisis las medidas adoptadas, y se perpetra un fraude escandaloso en contra del candidato de la izquierda. Algo parecido ocurrió en 2006 y para el 2012, a pesar de fuertes denuncias de lavado de dinero para comprar el voto de los electores, los tribunales electorales hicieron caso omiso del hecho.
La alternativa que se dio desde entonces, antes que atender los justos reclamos sociales fue el co-gobierno de los dos principales partidos de derecha, en la toma de decisiones legislativas y de gobierno fundamentales, que culminaron con el arribo del principal partido de derecha de oposición en el 2000, durante dos mandatos consecutivos.
El estado vertical corporativo de entonces, fue derivando a una participación cada vez más importante de los partidos, asignándoles un sobre ejercicio de atribuciones en detrimento de la participación ciudadana, hasta llegar al extremo actual en que previo al escenario de las reformas estructurales de 2013, se signó un pacto por los tres principales partidos, incluyendo el principal partido de izquierda, llamado por México, que finalmente resultó contra la nación, cuyos acuerdos de facto, permearon el quehacer legislativo, en el cual se ejecutaron importantes reformas en lo laboral, energético, telecomunicaciones y político electoral.
Ante la gravedad de la reforma energética aprobada y su entrega al capital extranjero, el partido de izquierda se deslindó del pacto suscrito, sin embargo, sus representantes fungiendo como presidentes de las mesas directivas legislativas, estuvieron presentes en el segundo informe presidencial en septiembre de este año, lo cual habla de que el acuerdo de fondo continúa porque una parte del mismo, es asegurar la reelección de los poderes locales y legislativos hasta por doce años, así como esquemas de coalición que permitan el acceso a los puestos de poder de las diferentes fuerzas.
Así, la mayoría parlamentaria mediante la cual se construyeron las reformas, está sustentada en elecciones muy cuestionadas durante un período de 24 años, en los cuales se ha hecho de todo para impedir el acceso a toda costa, de cualesquier propuesta que proponga una alternativa distinta del rumbo adoptado de permitir la entrada abierta del capital a los sectores estratégicos del país.
Aun cuando ello no se refleja todavía en una explosión masiva de descontento social, los medios han dado cuenta recientemente de un fuerte deterioro de la figura presidencial, y del aparato legislativo no se diga, el cual desde hace varios años, tiene los niveles de aceptación más bajos entre la población.
EFECTIVIDAD GUBERNAMENTAL.- Ya detallamos la enorme brecha en la distribución de la riqueza en el país, el cual, a diferencia de otras experiencias en la región, ha tenido un comportamiento errático en 32 años a partir de la aplicación de las medidas neoliberales, con un crecimiento económico promedio del 2.2% del PIB cuando antes se crecía a tasas del 6%.
El salario ha perdido las 4/5 partes de su poder adquisitivo. De 51 millones de trabajadores,31 millones perciben menos de 3 salarios mínimos (unos 15 dólares diarios), una cantidad similar no tiene seguridad social, ni estabilidad laboral. El gobierno reconoce que 6 de cada 10 empleos son informales. El desempleo oficialmente se mantiene en una tasa de 5%, unos 2.5 millones de desocupados, pero si sumamos a los que son declarados económicamente no activos pero disponibles, los que no reciben ingresos, los que trabajan sólo dos días el desempleo puede alcanzar unos 14 millones de mexicanos. Es importante no omitir la presencia de 12 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, cuya población total sobrepasa ya los 35 millones de connacionales y nos denota como un país exportador de su fuerza de trabajo.
En diferentes sectores como educación y salud, sujetos a políticas permanentes de austeridad, de manera regular nuestros índices son menos favorables que en otros países y paradójicamente, la efectividad mexicana resaltada con una buena puntuación en el renglón, quizás pudiera referirse al impacto de las políticas de compensación aplicadas a los grupos vulnerables a través de la Secretaría de Desarrollo Social que para 2014 aportó un presupuesto de 111 mil millones de pesos (0.7% del PIB) y han permitido controlar el descontento hasta ahora.
ESTABILIDAD POLÍTICA Y AUSENCIA DE VIOLENCIA.- el control del descontento social ha derivado en graves episodios de violación de los derechos humanos. A fines del anterior milenio se reportaban cientos de asesinatos y desaparecidos con episodios terribles como los ocurridos en Acteal y Aguas Blancas.
Llama la atención con el inicio del actual sexenio, la organización de grupos paramilitares y escenarios de provocación para justificar la criminalización delas luchas sociales, señal inequívoca de que las reformas recientes que sólo favorecen a los grupos oligárquicos empresariales se mantendrán a pesar del descontento social que generen.
El punto nodal sin embargo, sigue siendo la inseguridad. A partir del 2006, en su afán de legitimarse, Felipe Calderón emprende una campaña contra los principales narcotraficantes que derivó en cifras inauditas de asesinatos, violencia y violación de los derechos humanos tanto por el narco como las instituciones oficiales, hasta entonces desconocidos que impactaron e impactan hasta la fecha el tejido social del país.
Como una muestra de la efectividad empresarial, se estima que el narcotráfico lava alrededor de 40 mil millones de dólares y da empleo a alrededor de 500 mil personas. El gobierno actual resalta que ha apresado a varios importantes narcotraficantes en menos de dos años de gobierno, sin embargo, del destino final de estos recursos y como permean la economía del país poco se dice, pero periodistas como Ana Lilia Pérez han documentado su penetración en el sector energético, particularmente el petrolero.
Las cifras oficiales en materia de seguridad son cuestionadas por el Semanario Zeta, periódico del norte del país, el cual señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto registra más muertos que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, durante el mismo periodo, según un comparativo de cifras. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista (1 de diciembre de 2006 al 31de julio de 2008), la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priista supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos.
La gravedad de la situación llevó finalmente a la intervención federal en el estado de Michoacán, donde se organizaron grupos de autodefensa, de los cuales, su principal portavoz, José Manuel Mireles, hoy preso político, ha denunciado que se llegó a un nuevo acuerdo con los grupos mafiosos del lugar, a varios de los cuales se les identifica en el cuerpo de rurales recién formado.
El Estado de México, aparece como una de las entidades con mayor número de homicidios. Infografía: Zeta
Como ocurre a escala internacional, la industria criminal llegó para quedarse, son recursos frescos que necesita un sistema anémico, el cual desde hace décadas no logra recuperarse pese a la explotación intensiva del trabajo y del deterioro de sus condiciones, así como del saqueo y apropiación de los recursos de las naciones.
El incremento delas redes criminales va en concordancia con la pobreza y el desempleo, pues cuentan con abundante mano de obra y mientras no existan puestos de trabajo con ingresos dignos difícilmente se reducirán los índices de criminalidad, ante lo cual, los presupuestos asignados puntualmente para atender grupos vulnerables son notoriamente insuficientes.
VOZ Y RENDICIÓN DE CUENTAS.-El actual estado de cosas se explica porque los ciudadanos hemos sido excluidos de las decisiones trascendentales. En el siglo pasado, nuestra supuesta voz eran los representantes de las organizaciones sindicales, campesinas y populares que a la fecha siguen totalmente sometidos a las políticas del régimen sexenal en turno. Hoy, su lugar ha sido ocupado por los partidos.
Dice el Artículo 39 constitucional: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. … El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Sin embargo, México es uno de los países en los cuales, no se aplica la figura de revocación de mandato, prevista sólo en el estado de Chihuahua. Esta figura es esencial para la rendición de cuentas y su ausencia permite una absoluta impunidad del ejercicio público. No se tiene derecho tampoco al plebiscito y al referéndum
Recientemente, como producto del llamado Pacto por México, se aplicó una reforma política que permite reconfigurar el instituto electoral dándole atribuciones tanto en las elecciones federales como estatales y locales. Asimismo, se permite la reelección para funcionarios locales y representantes legislativos. Se aprueba también por primera vez un sistema de consulta popular.
En marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, la cual de termina que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número al menos del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Contiene sin embargo limitaciones importantes: No podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el Artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Además, el resultado de una consulta sólo será vinculante cuando la participación total corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Formas de gobierno en Latinoamérica.
Cuando son elecciones intermedias, como es el caso para 2015, el abstencionismo llega a superar el 60%, ello pone en duda que la consulta pública pueda alcanzar sus fines.
DISTRITO FEDERAL
Mención aparte merece el llamado “corazón político del país”. El Zócalo de la ciudad de México, ha sido testigo de las más importantes luchas sociales de los últimos años. Se cumplen 17 años de gobierno continuo por la izquierda donde si bien se han alcanzado logros sociales en distintos renglones a tal grado de considerarse la vanguardia a nivel nacional en la materia, la autonomía plena de sus instancias de gobierno, legislación y justicia, la participación plena de la ciudadanía, la asignación y distribución de recursos justa y equitativa, en función del papel que cumple la ciudad en el contexto nacional siguen sin cumplirse.
El partido gobernante en diferentes ocasiones ha expresado su concepto de que la ciudad es sede de los poderes federales y por tanto sujeta a dicha condición por lo que es imposible su plena autonomía. Dicha idea los ha llevado en el presente mandato, a criminalizar la protesta social y apoderarse del zócalo, al extremo de que mientras el pasado primero de septiembre los contingentes sociales demandaban su derecho de acceder al mismo sin lograrlo, el espacio era utilizado como estacionamiento para el informe presidencial. Por lo mismo, la anhelada reforma política de la ciudad anunciada como parte del pacto por México, finalmente se intercambia por unos miles de millones de pesos y ni siquiera mereció una mención en el reciente informe presidencial.
El Distrito federal es sometido a un proceso permanente de estrangulamiento económico, porque su presupuesto es autorizado por los diputados y la mitad de sus fondos provienen del Ejecutivo Federal. Otra parte es el des mantel amiento industrial, sometida a un proceso de descentralización intensiva, la ciudad llegó a aportar el 40% del PIB en los 80´s y hoy es poco menos del 20%.
Pese a ello, la ciudad cuenta con el mayor índice de desarrollo humano del país y varias de sus delegaciones, entre ellas la de Tlalpan, en la cual se ubica mi circunscripción, se encuentran entre las localidades a nivel nacional con mayor índice de desarrollo humano.
El Distrito Federal si cuenta con una Ley de Participación Ciudadana, en la cual se incluyen las figuras de plebiscito, referéndum y consulta pública, así como la elección de comités ciudadanos por barrios y pueblos. Sin embargo, las restricciones son similares a las contenidas por el mecanismo de consulta pública nacional recientemente aprobado, por lo cual tienen poco uso ciudadano.
Aún se recuerda la consulta pública del 2002 cuando el jefe de gobierno en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, sometió al consenso social su mandato. Los comités ciudadanos por su parte, a pesar de los considerables retrasos, continúan renovándose. El voto ciudadano no obstante, ha sido escaso en estos ejercicios reduciéndose a un 10% del listado nominal. Una parte para incentivarlos ha sido la aprobación de un presupuesto participativo del 3% a ejercerse directamente en los barrios y pueblos. Las atribuciones no obstante, aparecen como limitadas para una ciudadanía ansiosa de una mayor participación.
Reconquistarla Ciudad de México es sin duda, un botín muy preciado para la derecha y ya que se prestan para canalizar los presupuestos sociales y atrapar clientelas. En tanto la izquierda, después de 17 años de gobierno se ha ido desgastando y hoy enfrentan desunidos los comicios electorales del año entrante, lo que abre una posibilidad de triunfos de la oposición circunscrita ahora a 2 de las 16 delegaciones políticas en disputa.
A ello se agregan actos de gobierno a contrapelo de los intereses de la mayoría, como mega proyectos que desplazan a las comunidades de sus espacios, el alza en las tarifas del metro y programas como el hoy no circula que afectan los intereses de grupos mayoritarios.
La desigualdad no está exenta en la metrópoli, la cual aporta unos 3 billones de pesos al país y a cambio recibe un 5% para el manejo de su gasto y aun cuando el pib per cápita es el mayor del país, los ingresos reales de sus ciudadanos superan apenas la media nacional. A ello se suma el endurecimiento político prescrito por el gobierno federal y ejecutado por el gobierno de la ciudad.
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