Diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira
VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal
27 de junio de 2014
El lamentable fallecimiento del joven Roberto Edivaldo Gallardo acontecido en el año 2009 en el servicio de pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS en la ciudad de Guadalajara, motivó una demanda penal por parte de sus familiares en contra de varios médicos de la institución señalada, la cual después de cuatro años, devino en que el Juez Tercero del Distrito de Procesos Penales Federales emitiera el pasado 20 de mayo, 16 órdenes de aprehensión por la comisión de “homicidio culposo,” acción derivada según el Juez por actos de negligencia médica, de tal suerte que el auto de formal prisión, en contra del equipo de médicos de Pediatría y los responsables de la Unidad de Terapia Intensiva, les llevaba a la supuesta responsabilidad por la muerte de Roberto.
El acontecimiento ha provocado un sacudimiento general en el sector salud, debido a que no teníamos el antecedente de un caso que pudiera llevar a prisión a tantos médicos, situación que a su vez ha expuesto las condiciones muy lamentables en que se encuentran la situación laboral del gremio médico y de otros trabajadores de la salud a nivel federal, la cual es insostenible por muchos motivos, siendo el más importantes el que incide directamente en la calidad de atención brindada a los derechohabientes.
Hoy se expresa un movimiento en el sector salud, denominado “#YoSoyMédico17” cuyo primer propósito es expresar su amplia e incondicional solidaridad con los demandados y de fondo exhibe las terribles y graves políticas de salud aplicadas en los últimos años, en el sistema nacional de salud.
Ante las fallas ostensibles que presenta un modelo de atención en salud en que el gobierno en las últimas tres décadas ha privilegiado sortear los problemas de la economía, en detrimento de la calidad de los servicios de salud, en el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la salud, en el desabasto de medicamentos y otros insumos para la salud, en la reducción de fondos destinados a la enseñanza y la investigación, con el único objeto de reducir los presupuestos gubernamentales, lo que se traduce en el abandono de las obligaciones sociales, enmarcadas en la Constitución, como es en este caso el derecho a la salud.
Las responsabilidades públicas se han abandonado y han dado lugar a prácticas en que se atenta contra el empleo, contra la salud, contra servicios de calidad, se privatizan áreas estratégicas y no estratégicas y se recurre al outsorcing, recurrente para justificar un modelo que en más de tres décadas ha dejado como producto más de 80 millones de mexicanos en la pobreza o con carencias, e incrementado las quejas en este caso contra los servicios de salud.
Desde hace tiempo, se incrementan las acciones que permiten la criminalización de los trabajadores de la salud, éstas parten incluso de la propia Secretaría de Salud, quien pretende ahora ante la crisis que ha fomentado, instrumentar una fiscalía para vigilar el desempeño de los médicos sin considerar que las condiciones oprobiosas en que estos desempeñan su labor tienen su origen en las propias políticas que han emanado de dicha institución en los últimos años.
Es importante señalar que existen muchos otros casos donde ha sido más evidente la negligencia criminal, a causa del deterioro de los servicios y la falta de ética profesional, pero a diferencia del caso que hoy nos ocupa, el corolario ha sido el ocultamiento de los responsables, como fue la investigación con seres humanos en un Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad en contra de más de 500 pacientes “Manuel Velasco Suárez, donde a pesar de la presentación de denuncias y demandas ante la PGR, el calderonato cubrió a sus funcionarios.
Hoy la falta de atención, la falta de ética y la connivencia entre malos funcionarios y malos directivos, ha dado como resultado, que a quienes laboraban en la unidad médica del IMSS, se les aplique una sanción sin medida y se haga escarnio público, tal como señaló uno de los integrantes del movimiento: “ha derivado en una acción punitiva y de sometimiento de la clase médica para obligarnos a trabajar amenazados y en silencio, en un sistema de salud que está rebasado’’.
Al parecer, sin pretender hacer especulaciones, lo que intenta el gobierno neoliberal en complicidad con los grandes grupos empresariales, es integrar las instituciones a un seguro popular que tiende a la privatización y a declarar demagógicamente la portabilidad universal en salud para los casi 120 millones de mexicanos que somos actualmente, lo cual significaría potencializar millones de casos como el de Roberto Edivaldo.
Por ello, es necesario un diálogo nacional sobre el sector salud, que permita involucrar a todos aquellos que hoy son afectados y hasta el momento no han sido tomados en cuenta, retomando los siguientes aspectos del problema:
Un sistema de salud deteriorado, mal administrado, sin recursos suficientes que comparativamente con otros países reporta resultados poco alentadores y son múltiples las quejas de los derechohabientes, con políticas centradas en el ahorro y la economía, que han agravado su deterioro y hoy se pretenden sustituir, con un seguro supuestamente popular de cobertura abiertamente insuficiente y demagógica.
Una política presupuestal pública de las más bajas a nivel mundial, 6% del PIB frente a un promedio del 9% de los países miembros de la OCDE; donde el seguro popular pese a la supuesta alta cobertura alcanzada el último sexenio, no ha influido en su disminución de los gastos de bolsillo y un sistema de seguridad social abandonado, cuyas limitadas aportaciones, aunado al alto desempleo y carencia de empleo formal con ingresos dignos a nivel nacional hacen imposible contar con recursos suficientes para sostener la calidad de atención del sistema, y cuyos fondos de sustento, las pensiones y vivienda son mercantilizados y expuestos a la volatibilidad bursátil.
Una alta burocracia administrativa con altos salarios que superan los 170 mil pesos mensuales, ingresos superiores 8 a 10 veces a la de médicos especialistas, muchos de ellos, apoyados en segmentos corrompidos de la plutocracia y algunos médicos se han beneficiado de las políticas prevalecientes favoreciendo sus negocios privados, en un contexto donde el capital y los grandes corporativos, dominan y generan la política de salud púbica, expresándose en graves problemas como el desabasto de medicamentos o la utilización de infraestructura pública para fines privados.
Las condiciones económicas y de violencia que imperan en el país son también otros factores a analizar puesto que impactan no únicamente en aspectos financieros nacionales, sino directamente en la salud de la población y frecuentemente en la propia vida y seguridad de los trabajadores del sector. Como son en algunas ciudades el derecho de piso de la delincuencia organizada y los secuestros.
Una política de deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, con evidentes retrocesos en sus conquistas laborales, al extremo de que la política actual de contratación de miles de plazas no se basa en los tabuladores oficiales del sector médico y paramédico sino en la contratación irregular por honorarios asignando salarios miserables. Trabajar sin recursos, sin laboratorios equipadas o con diferimiento por meses para los estudios de gabinete, por lo que muchos médicos prefieren ejercer su profesión en otros países, esto es la fuga de cerebros.
Se requiere evaluar el papel de las diferentes asociaciones, sociedades, academias y organizaciones profesionales y gremiales del sector, las cuales ante un clima de evidente criminalización de la práctica médica, no sólo hacen poco o nada para contrarrestar este ambiente, asumen que sus representados laboren bajo estas condiciones deplorables, entre las que se suman la falta de personal, la falta de material y equipo, las sobrecargas de trabajo, los riesgos profesionales no atendidos, el desabasto de medicamentos, la inestabilidad laboral y los bajos salarios, las acusaciones frecuentes de negligencia por causas cuyo fondo final es el deterioro propiciado por las políticas públicas.
Una necesidad de revalorar la ética médica. Requerimos adecuación de las leyes, modernización de las pautas éticas, de los códigos deontológicos, Los médicos tratamos seres humanos, personas que confían en nuestra experiencia y conocimientos, ponen a nuestro cuidado un bien preciado, un derecho humano, su salud y la de sus familiares. Todo ello requiere de un ambiente laboral apropiado, con dignificación al trabajo del personal médico y otras profesiones de la salud, donde se valore el conocimiento del profesional en salud, tenga acceso a tecnología de vanguardia y donde se le proporcione la seguridad social óptima, donde no se explote al personal orillando a errores, y luego se pretenda corregir con violencia institucional.
Dar cabal cumplimiento al derecho constitucional a la salud. Es importante reconocer que los servicios de salud sufren un profundo deterioro que ponen en riesgo la salud y la vida de los derechohabientes pero que ello, no es una responsabilidad directa de los médicos o el personal de salud. El rezago en las consultas, en los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, la carencia de medicamentos son problemas que tienen que ver con la administración de los recursos del sector, sin que por ello, queramos negar o descartar casos particulares de negligencia profesional que deben ser sancionados. De igual manera, es importante identificar que no existen mecanismos de atención efectiva a los pacientes ante la problemática de los servicios médicos y de la atención médica. Debemos fortalecer a la Comisión Nacional de Bioética, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, volver a hacer digna a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, sin obviar a las oficinas de atención al derechohabiente y las contralorías internas, que hoy se han convertido en instrumentos de simulación que no resuelven las quejas que se multiplican anualmente.
La crisis del sistema de salud, que ya habíamos advertido desde hace años y recientemente en la presentación de foros para entender y solucionar los problemas de salud en diferentes áreas, como la que hoy se asoma en Jalisco, es la punta del iceberg, ya que más allá de las pobres respuestas gubernamentales que pretenden reducirlo a una demanda local, o una declaración demagógica de la cobertura, configurando un ambiente de satanización de la clase médica, sobre todo en instituciones públicas con el objeto de avanzar en su privatización, revela una necesidad de escuchar estas voces dando un papel más preponderante a los trabajadores y a los usuarios de los servicios.
Es por ello, que hemos decidido impulsar un Foro Nacional, en donde puedan tener cabida todas estas voces que hoy están expresándose y cuyo debate abierto y comprometido pueda abrir nuevos cauces para hacer efectivo el derecho a la salud para todos los mexicanos. Con la presencia y las propuestas de las asociaciones y sociedades, las facultades y escuelas de las áreas de salud, de los directivos de hospitales, de los funcionarios públicos y muy especialmente de quienes se dedican a la bioética, la creación y actualización de las leyes y los derechos humanos en salud.
Quiero hacer patente mi compromiso con este movimiento, y mencionar que durante mi gestión como Legislador, llevado a este puesto por el voto y la confianza de la ciudadanía, he presentado diversas iniciativas de Ley que incluyen: 1. Derechos humanos de los pacientes con trastornos mentales, 2. la creación de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, otra más 3. Sobre derechos de los pacientes con VIHSIDA, 4. La Ley sobre el derecho personal a las Voluntades anticipadas, 5. Permiso de maternidad para hombres, con el objeto de reforzar a la familia, 6. Derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el de contar con closed caption. Asimismo hemos desarrollado un foro de nuevos derechos humanos en salud, y la publicación de 3 artículos científicos sobre derechos humanos en salud.
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